La formación denuncia el encarecimiento del alquiler, defiende la bonificación de la tasa de basuras por el uso del Punto Limpio y sostiene que la gestión directa del agua permitiría ahorrar entre 300.000 y 400.000 euros anuales.
Unidas por Valdepeñas abordó en su última rueda de prensa tres cuestiones de especial relevancia para la ciudadanía: las dificultades de acceso a la vivienda, la aplicación de reducciones en la tasa de basuras y la reciente prórroga del contrato del servicio municipal de agua.
La formación puso el foco en el encarecimiento del alquiler en la localidad, donde el precio del alquiler pasó de 5,60 euros por metro cuadrado en diciembre de 2023 a 7,20 euros en diciembre de 2025, según datos publicados por portales inmobiliarios. Una subida cercana al 30 % en dos años que, en este momento es incluso más alto.
Unidas por Valdepeñas advierte de que esta situación afecta tanto a los jóvenes que encuentran dificultades para emanciparse como a las familias trabajadoras que destinan cada vez una mayor parte de sus ingresos a pagar la vivienda.
Además, Alberto Parrilla, edil de la formación expresó su preocupación por la situación de varias familias de la localidad que han denunciado presiones para abandonar sus viviendas pese a disponer de contratos de alquiler en vigor. Parrilla manifestó su disposición a ayudarlas en todo lo que esté a su alcance y defendió que se respeten sus derechos y se investiguen los hechos denunciados, recordando que cualquier conflicto debe resolverse por las vías legales y con todas las garantías.
Frente a esta situación, el grupo municipal considera que el Ayuntamiento debe actuar con planificación y medidas concretas. Para ello, propone conocer mejor la disponibilidad de viviendas y las necesidades reales de la población, ampliar las opciones de alquiler asequible, movilizar viviendas mediante fórmulas que ofrezcan garantías, impulsar la vivienda pública y reforzar el acompañamiento a las familias en situación de dificultad.
En relación con la tasa de recogida de residuos, David Casado, concejal de la coalición recordó que la actualización de esta tasa responde a la necesidad de ajustarla al coste del servicio de tratamiento de residuos. No obstante, el grupo municipal mantiene sus discrepancias con el método de cálculo y considera necesario explorar fórmulas que permitan reducir el importe que pagan los vecinos.
En este sentido, defendió la posibilidad de aplicar reducciones vinculadas al reciclaje y al uso del Punto Limpio, una propuesta planteada por la formación para incentivar comportamientos responsables con el medio ambiente.
El grupo explicó que estas reducciones no se estaban aplicando y que, por ello, propusieron y se aprobó en pleno una disposición transitoria que permite beneficiarse de la bonificación presentando cualquier justificante de uso del Punto Limpio, mientras se prepara una regulación específica que establezca un procedimiento adecuado para su aplicación.
El tercer asunto abordado fue la ampliación por otros diez años del contrato del servicio municipal de agua con Aqualia. El edil reiteró la defensa de la gestión directa del servicio y recordó que, en junio de este año, presentó ante el Pleno un informe propio que cuestionaba las conclusiones del estudio encargado por el Ayuntamiento y estimaba que la gestión municipal directa podría generar un ahorro de entre 300.000 y 400.000 euros anuales.
La formación señaló que ya había manifestado sus objeciones al informe municipal cuando se dio cuenta de él en febrero de 2026. Posteriormente, en junio, presentó sus propias conclusiones y, en julio, solicitó información sobre las condiciones del préstamo concedido por Aqualia para la reparación de una tubería.
Aunque la prórroga aprobada no responde a la alternativa de gestión defendida por la formación, el grupo municipal considera relevante que el nuevo contrato incorpore condiciones como la reducción del beneficio empresarial, la obligación de presentar facturas y mayores exigencias en materia de inversiones. A su juicio, estas obligaciones deben traducirse en mejoras efectivas del servicio y en una mayor transparencia y control de los costes.
Casado sostiene que el trabajo desarrollado durante los últimos meses ha contribuido a introducir estas nuevas condiciones, aunque mantiene que debe seguir debatiéndose qué modelo de gestión resulta más conveniente para los intereses de los vecinos.
